CASOSAISLADOS

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha estado en los dos últimos días tomando declaración en calidad de investigados no detenidos a la alcaldesa popular de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, y a ocho concejales y exconcejales del PP de este municipio del este de la Comunidad de Madrid por los vertidos tóxicos que una depuradora municipal, la del barrio de Húmera, lleva soltando durante años al arroyo Antequina, que a su vez desemboca en el río Guadarrama tras cruzar la Casa de Campo. Todo parte de la denuncia de un vecino de la localidad, que consiguió que el juzgado número 1 de Pozuelo abriera diligencias el verano pasado.

Por las dependencias de la Guardia Civil han pasado todos los cargos públicos que han gestionado el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo y los tenientes de alcalde de los que dependía esa área. Susana Pérez Quislant no ha declarado en calidad de regidora, sino precisamente como ex teniente de alcalde. Junto a ella han testificado tres de sus actuales ediles: Eduardo Oria, Mónica García y Pablo Gil. También el exalcalde Gonzalo Aguado (hasta hace poco alto cargo de la Comunidad de Madrid) y los exediles Mariano Pérez-Hickman, José Antonio Sáenz (imputado en el caso Gürtel), Félix Alba y Diego Lozano.

La depuradora data de 1997 y fue reformada en 2006 por el entonces alcalde Jesús Sepúlveda, uno de los principales investigados del caso Gürtel. El problema, según la denuncia vecinal, a la que se sumó el partido Somos Pozuelo, es que la instalación está colmatada y la rehabilitación que se hizo hace más de una década no contó con el informe preceptivo de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid ni con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). De hecho, la CHT ha impuesto en los últimos tres años, desde abril de 2015, seis sanciones al ayuntamiento por incumplimiento en la autorización de vertidos y daños al dominio público que suman 30.000 euros. Somos Pozuelo asegura que son muchas más desde el año 2005.

De momento, la Guardia Civil ha llamado a declarar a todos los concejales que tuvieron responsabilidad sobre la gestión de la depuradora desde que se aprobaron las obras de reforma en 2005. El pasado 29 de enero, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó al juzgado que se citara como investigados a todos aquellos cargos públicos y funcionarios que la Guardia Civil identifique como "responsables del continuado vertido contaminante". También ha pedido a la CHT que emita un informe valorando el daño medioambiental causado.

"El de la depuradora de Húmera es otro caso paradigmático de ocultación y posible delito que afecta directamente a la salud pública y al medio ambiente", explica Pablo Perpinyà, portavoz de Somos Pozuelo. "Fueron los vecinos los que hicieron saltar todas las alarmas ante el mal funcionamiento de unas instalaciones a todas luces insuficientes para la gestión de las aguas residuales de Húmera. A poco que investigamos, descubrimos que había serios indicios de ilegalidad en la depuradora, y que durante muchos años los gobiernos del PP no han hecho nada".

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